Poder escrito
Más del diez por ciento de extorsionadores condenados son mujeres
Las féminas sentenciadas por impuesto de guerra han sido recluidas en diez centros penales de Honduras desde el 2015
Por: Beatriz Hernández
Leonel Castro
Honduras. Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) registraron 387 mujeres recluidas en los distintos centros penales de Honduras desde el 2015 hasta junio del 2021 por el delito de extorsión, lo cual representa el 10.95 por ciento del total de sentenciados.
En tanto, 344 féminas extorsionadoras han sido recluidas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en Támara, es decir, alrededor del 90 por ciento de las penadas.
Lo anterior representa que, desde el establecimiento de las pandillas en Honduras, es alto el porcentaje de mujeres que participan en actividades delictivas.
Sobre ello, entre el 20 y 40 por ciento de las maras está conformado por mujeres, y entre sus labores más frecuentes se encuentran el cobro de extorsión y la transmisión de mensajes hacia los líderes de pandillas recluidos, según un informe publicado por International Crisis Group.
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Por otro lado, son tres mil 147 los hombres que han sido encarcelados por el llamado “cobro de impuesto de guerra”, dando un total de tres mil 534 sentenciados por tal delito desde el 2015, según el INP.
Además, el Centro Nacional Penitenciario de Támara (CNPT) es el que más privados de libertad tiene por extorsión, con mil 298 hombres recluidos.
Cifras alarmantes de extorsión
Desde que el cobro del impuesto de guerra se empezó a expandir en el país, las cifras por tal delito se incrementaron, alcanzado más del doble en las estadísticas registradas por las autoridades.
De una manera general, alrededor del 79 por ciento de las pequeñas empresas de Honduras y el 80 por ciento de los comerciantes del país han sido extorsionados, según International Crisis Group.
Por otro lado, desde el 2012 hasta el 2016 se duplicó el total de negocios y de empleos afectados en el país por el cobro del impuesto de guerra.
De tal manera que, en el 2012, se registraron alrededor de 17 mil 500 empresas cerradas debido a la extorsión; mientras que, en el 2016, fueron 40 mil pequeños negocios los que dejaron de operar.
Tal cierre de empresas afectó el empleo de más de 25 mil personas en el 2012; y, en el 2016, alrededor de 72 mil hondureños se quedaron sin trabajo debido al cobro del impuesto de guerra.
Por otro lado, en el 2012, las pandillas obtuvieron 62.6 millones de dólares en el año producto de extorsión; cifra que, para el 2016, había alcanzado los 200 millones.
Desde el 2014 hasta el 2018, la economía de Honduras perdió más de diez mil millones de dólares debido a la extorsión, al soborno, a la transferencia ilegal de bienes del Estado a personas particulares, entre otros.
Para el 2019, se sumaba un total de 80 mil empresas que habían cerrado por impuesto de guerra.
Así mismo, desde el año pasado hasta el 2021, más de 50 mil pequeñas y medianas empresas cerraron producto de la pandemia, de las tormentas tropicales Eta e Iota y de la extorsión.
Sobre ello, Víctor Carranza, presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), afirmó que la pandemia y la extorsión golpean de igual manera al sector empresarial.
Sectores más afectados
Los comerciantes independientes, los microempresarios y los transportistas de buses, camiones y taxis son parte de los sectores más afectados por el impuesto de guerra, según un boletín publicado por el Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres para América Latina y el Caribe (Redlac).
Sobre ello, en el 2018, el 54 por ciento de las víctimas de extorsión fueron negocios, del cual, el 20 por ciento correspondió al rubro del transporte.
Por otro lado, la cantidad del impuesto de guerra depende del tipo de negocio y de los ingresos que genera.
La Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18 piden a los microempresarios un pago único inicial que ronda entre tres mil y 13 mil dólares; después del primer pago, estas pandillas exigen un impuesto que ronda entre 300 y 700 dólares a la semana.
Así mismo, el otro sector más afectado por la extorsión es el perteneciente a la microempresa, precisamente los mercados y las pulperías.
De tal manera que, según Redlac, estos microempresarios pagan, por lo general, mil lempiras diariamente a distintas pandillas debido al cobro impuesto de guerra.
A su vez, los transportistas pagaban 900 lempiras diarios por impuesto de guerra en el 2019; sin embargo, los extorsionadores aumentaron 300 lempiras más en abril del mismo año debido a las protestas que realizaron los trabajadores ante tal situación.
En este 2021, según Jorge Lanza, dirigente de transporte, la MS-13 dejó de cobrar extorsión; no obstante, la Pandilla 18 aumentó 300 lempiras diarios por unidad.
Con ello, los transportistas urbanos e interurbanos pagan alrededor de 22 millones de lempiras al mes debido al impuesto de guerra, según la diligencia del transporte.
De igual manera, los taxistas deben pagar a los extorsionadores aproximadamente cuatro mil lempiras a la semana, siendo un total de más de 16 millones de lempiras al mes.
Por otro lado, según Lanza, desde el 2009 que tal sector empezó a ser extorsionado, más de tres mil personas que trabajaban en ese rubro fueron asesinadas por la extorsión.
Extorsionadores invisibles
A pesar de que las mujeres tienen dificultad de entrar a las estructuras pandilleras debido a las reglas internas de estas bandas, las féminas forman parte de los extorsionadores en Honduras.
Con ello, la parte afectiva juega un rol importante para el involucramiento de las mujeres en las pandillas, según la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).
De esa manera, las féminas pasaron de ser parejas sentimentales de miembros activos de maras, a formar parte de ellas.
A su vez, el papel de las mujeres en las pandillas pasó de ser periférico, a ser central; es decir, su rol no solamente es en la extorsión, sino que también en la organización criminal y en el sicariato.
Por otro lado, los pandilleros utilizan a los niños y adolescentes para que cobren impuesto de guerra, aprovechando que estos menores no enfrentan penas de cárcel por tal delito.
Sobre ello, en el 2014 las autoridades detuvieron a 70 niños, y 23 niñas por extorsión; cifra que aumentó a más del doble en el 2015, cuando fueron capturados 158 menores y, entre ellos, 45 eran féminas.
Así mismo, según Redlac, el 28 por ciento de las personas detenidas en el 2015 por el delito de extorsión fueron menores de 18 años.
Según las autoridades, los niños que cobran impuesto de guerra reciben un diez por ciento de lo recaudado, con lo cual ayudan a sus familias.
Para el 2017, los menores de edad estuvieron involucrados en el 40 por ciento de los delitos cometidos en el país; así mismo, estos representaron entre el diez y el 12 por ciento de los detenidos en Honduras.
En el 2020, 197 menores de edad fueron capturados por extorsión, de los cuales, 169 fueron niños y 28 fueron niñas, según la FNAMP.
En este 2021, se registran a diario 45 casos de menores extorsionadores o involucrados en el delito de narcotráfico, según la Dirección de la Niñez, Adolescencia y la Familia (DINAF).
La mayoría de menores que participan en actividades delictivas lo hacen porque forman parte de una banda criminal; sin embargo, en algunos territorios del país, los pandilleros obligan a los niños a que cobren impuesto de guerra o de lo contrario, amenazan a sus familiares.
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De igual manera, autoridades de seguridad también han participado en el delito de extorsión; para el 2016, la FNA había capturado a un total de 23 policías y a seis militares por este delito.
Pandillas extorsionadoras
Un 80 por ciento de los extorsionadores pertenecen a maras y el otro 20 por ciento lo hacen de manera independiente, haciéndose pasar por integrantes de alguna pandilla para intimidar, según las autoridades.
Actualmente, los grupos criminales con mayor poder en el país son la MS-13 y la Pandilla 18; no obstante, hay más bandas peligrosas, siendo parte de estas “Los Chirizos”, “El Combo que no se deja”, “Los Olanchanos”, entre otros.
Según la FNAMP, la extorsión es la principal fuente de ingresos que tienen estos grupos criminales que operan en Honduras; sin embargo, no todas priorizan esta actividad.
Sobre ello, la Pandilla 18 es la banda delictiva que más extorsiona al sector económico en Honduras, según una investigación realizada por InSight Crime.
De esa manera, la Pandilla 18 depende más de la extorsión que la MS-13, siendo sus principales víctimas los mecánicos en vecindarios, mercaditos, pulperías, transportistas y vendedores ambulantes.
Al contrario, la MS-13 se enfoca más en el control del tráfico de drogas a nivel local.
Por otro lado, según las autoridades, la MS-13 y la Pandilla 18 organizan el cobro del impuesto de guerra desde la cárcel, siendo este su principal centro de operación.
Según indicó Amílcar Hernández, ex jefe nacional de la FNA, entre el 80 y el 85 por ciento de las extorsiones se ordenaron desde los centros penales.
Extorsión en confinamiento
A pesar de la llegada de la Covid-19 en Honduras en marzo del 2020, el cobro del impuesto de guerra se mantuvo en un nivel alto en el primer trimestre de ese año.
Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, por lo que se restringió la movilidad en el territorio nacional y se suspendieron las actividades económicas, los casos de extorsión en confinamiento se redujeron en el segundo trimestre del 2020, según indicó Mario Fu, vocero de la FNAMP.
Debido a ello, los grupos criminales cambiaron en el segundo trimestre del 2020 su modo de operación para la obtención de recursos, priorizando así el tráfico de drogas.
No obstante, tras el levantamiento de la economía, el cobro del impuesto de guerra aumentó en los últimos tres meses del año pasado.
Mecanismos estatales antiextorsión
Para combatir la extorsión en el país, el Gobierno creó la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) en el 2013, la cual estaba integrada por el Ministerio Público (MP), la Dirección Nacional de Investigación en Inteligencia (DNII), la Policía Nacional (PN) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
En el primer año de su creación, la FNA registró la captura de 362 extorsionadores, de los cuales 260 fueron hombres y 39 fueron mujeres mayores de edad; a su vez, 53 fueron varones y diez fueron féminas menores de 18 años.
En la lucha contra el impuesto de guerra, la FNA implementó los bloqueadores de la señal celular en los centros penales y activó la línea 143 para recibir denuncias de extorsión.
Sin embargo, debido a que las denuncias, los asesinatos y los cobros por extorsión seguían aumentando, el Gobierno absorbió la FNA y creó la FNAMP en el 2018 para reforzar el combate contra el crimen organizado.
Desde la creación de la FNA y de su absorción para conformar la FNAMP, las denuncias por cobro de impuesto de guerra incrementaron en un 13 por ciento del 2013 al 2019.
Estas fueron realizadas, en su mayoría, en San Pedro Sula con más de dos mil llamadas y en Tegucigalpa con más de mil 400; por el contrario, Gracias a Dios es el departamento que registra menos incidencia con solamente tres denuncias por extorsión, según indica el Sistema Nacional de Emergencias 911.
Sobre ello, las detenciones por denuncias de impuesto de guerra pasaron de un 23 por ciento en el 2013 a un 87 por ciento en el 2019.
Por otro lado, las autoridades antiextorsión evitaron el pago de alrededor de 40 mil millones de lempiras por impuesto de guerra y decomisaron aproximadamente ocho millones de lempiras por tal delito desde el 2013 hasta el 2019.
De la misma manera, la FNAMP logró evitar el pago de 20 millones de lempiras el año pasado, según informó Juan Orlando Hernández, presidente de la República.
Para combatir la extorsión hacia los transportistas, el Gobierno inauguró la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano (FNSTU) en el 2019, la cual está integrada por el MP, las FF.AA., entre otras instituciones estatales.
Desplazamiento forzado
Debido a las amenazas, a los asesinatos por extorsión y a la dificultad del pago del impuesto de guerra, el país registra cientos de miles de hondureños se han desplazado internamente.
Sobre ello, el cobro del impuesto de guerra representa, en un 13 por ciento, uno de los motivos del desplazamiento interno; a su vez, las amenazas son, en un 55 por ciento, otra de las razones, según el Estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno.
Desde el 2004 hasta el 2018, alrededor de 247 mil hondureños se desplazaron, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Lo anterior equivale a más de 41 mil hogares de 20 municipios en 12 departamentos del país que se desplazaron a causa de la violencia, según un informe presentado por el Gobierno.
Por tal razón, miles de hondureños han solicitado asilo en países extranjeros, siendo España, Estados Unidos y México los más comunes
Según la Oficina Europea de Asilo (EASO), España recibió 87 mil 500 solicitantes de asilo en el 2020, de los cuales cinco mil 425 fueron hondureños, siendo con un 6.2 por ciento, uno de los países con mayor porcentaje de solicitudes hechas.
Así mismo, 63 mil 550 hondureños buscaron refugio en Estados Unidos, y cinco mil 539 realizaron solicitud de asilo en México.
Extorsión en el Triángulo Norte
A nivel regional, el Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, es el sector más afectado por el impuesto de guerra, siendo el que más homicidios registra por ese delito.
En el 2020, se registraron dos mil 153 asesinatos en El Salvador debido a la extorsión y, según el boletín de Redlac, en el país se pagan alrededor de 400 millones de dólares al año por el impuesto de guerra.
De esa manera, a nivel centroamericano, El Salvador es el más perjudicado en la economía nacional producto de la extorsión, debido a que las víctimas pagan al año el equivalente al 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
A su vez, Guatemala es el país centroamericano que registra la tasa más alta de denuncias por extorsión con diez mil 116 en el 2020.
Sin embargo, tal cifra puede ser aún mayor, debido a que la mayoría de las personas extorsionadas de Guatemala no denuncian el delito, según la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización.
Por otro lado, las víctimas de impuesto de guerra en Guatemala pagan alrededor de 60 millones de dólares al año.
En Honduras, a pesar de la creación de la FNA y de la FNAMP, las personas afectadas directa e indirectamente por la extorsión siguen aumentando.
De igual manera, cada vez son más los negocios que cierran debido a la falta de recursos para pagar el impuesto de guerra, mismo que las pandillas siguen incrementando, según algunos dirigentes.
Debido a ello, gran parte de la población todavía desconfía de las autoridades y los microempresarios dudan de las operaciones realizadas por la FNAMP en contra de la extorsión.
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Ante la inseguridad que genera la delincuencia y el impuesto de guerra en el país, del cual ha sufrido el 80 por ciento de los comerciantes, y ante las faltas de acciones contundentes por parte de las autoridades para contrarrestar el delito de extorsión, la mayoría de hondureños opta por la única salida viable que tienen, que es escapar de su departamento o del país.
Escucha el primer episodio de nuestro podcast Dicho Armonioso, donde trataremos la realidad de la extorsión en Honduras, por medio de información obtenida y del relato de una compatriota que sufrió el impuesto de guerra.
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